La Controvertida historia de los peajes en las carreteras colombianas

A lo largo de los años, el sistema de peajes se ha convertido en un tema polémico y una fuente constante de discusión sobre movilidad, desarrollo vial e impacto socioeconómico.

Los orígenes de los peajes en Colombia se remontan a la década de 1990, cuando el gobierno nacional impulsó el modelo de concesiones viales como mecanismo para construir, operar y mantener las carreteras del país, en ese entonces, la precaria infraestructura vial se había convertido en un lastre para la competitividad del país. Ante la falta de recursos públicos suficientes para acometer las obras necesarias, se abrió la puerta a la inversión privada a cambio del cobro de peajes a los vehículos que transitaran por esas vías concesionadas, este esquema se convirtió en política de Estado a partir de la Ley 105 de 1993.

La implementación inicial de los peajes generó resistencia en algunos sectores productivos y de la sociedad civil, que los veían como una nueva carga económica regresiva que afectaba especialmente a los transportadores de carga y a la población de menores ingresos, sin embargo, las concesiones viales también permitieron mejorar y rehabilitar miles de kilómetros de carreteras que se encontraban previamente en mal estado.

 

Expansión y cuestionamientos

En las décadas siguientes, la red nacional de peajes se fue expandiendo progresivamente, en la medida que se adjudicaban nuevos proyectos viales bajo la modalidad de concesiones públicas o privadas; paralelo a ello, las tarifas de peajes también experimentaron incrementos periódicos que respondían a la inflación, los costos de operación y los cálculos de rentabilidad de las concesiones.

Esta expansión avivó nuevos cuestionamientos desde distintos frentes, algunos gremios de transporte de carga argumentan que los costos por concepto de peajes redundan en un encarecimiento excesivo del transporte terrestre, con el consecuente impacto en los precios de los productos de la canasta familiar. Por su parte, sectores sociales y políticos han criticado que los cuantiosos ingresos que reciben las concesionarias viales no se reinvierten suficientemente en el mantenimiento y mejora de las mismas vías por las que se cobra peaje, según cálculos de la Contraloría, en la última década las concesiones han reportado utilidades cercanas a los $12 billones de pesos.

 

Impacto social y protestas

Independiente de los aspectos técnicos, económicos y de movilidad, los peajes en Colombia también se han convertido en un punto de tensión y conflicto social en varias regiones del país, especialmente aquellas con importantes asentamientos de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas; se han registrado numerosos casos de bloqueos de las casetas de peaje y protestas de estas comunidades aledañas, que reclaman mejoras sustanciales en sus condiciones de vida, generación de empleo local, respeto por sus territorios ancestrales y compensaciones a cambio de permitir el tránsito por esas vías. En el fondo, estas comunidades cuestionan que se les haya impuesto un modelo concesionado de carreteras sin haber sido debidamente consultadas ni incluidas en los potenciales beneficios, pese a ser sus territorios los directamente impactados.

Episodios de alta tensión y violencia en este contexto se presentaron en 2022 en el departamento del Cauca, una zona con nutrida presencia indígena, allí, enfrentamientos entre manifestantes que bloqueaban las vías y la fuerza pública dejaron un saldo trágico de varios muertos y decenas de heridos.

Más allá de las legítimas demandas económicas, estos hechos violentos pusieron en evidencia las profundas deudas históricas del Estado con las regiones más apartadas y sus pueblos originarios en materia de inclusión, inversión social, reconocimiento de derechos territoriales y consulta previa. En otras regiones como el Cesar, Antioquia y el Putumayo también se han presentado protestas recurrentes lideradas por juntas de acción comunal, mineros artesanales y campesinos, exigiendo compensaciones, empleos y vías terciarias de acceso a sus poblados como condición para permitir la operación de los peajes.

Desde los sectores transportadores se critica que estas disputas terminen impactando la libre movilidad y elevando aún más los costos logísticos, no obstante, es claro que no podrá haber una solución sostenible sin un diálogo y negociación incluyente con todos los actores sociales implicados.

En este intrincado contexto de conflictividad social, el sistema de peajes en carreteras representa un punto álgido donde convergen reclamos de distintos sectores sobre asuntos tan diversos como el impacto ambiental, la consulta previa, el desarrollo territorial equitativo, la competitividad logística y los derechos de las minorías étnicas, entre otros desafíos apremiantes del país.

 

El Futuro de los peajes

En años recientes, el gobierno nacional ha estudiado implementar sistemas más modernos y eficientes, como peajes basados en sistema de cálculo de distancias recorridas mediante GPS y telepase; sin embargo, esta idea aún no ha logrado materializarse debido a la complejidad de su implementación y las implicaciones legales hacia las vigentes concesiones.

Frente a las críticas sobre las excesivas tarifas, el gobierno ha argumentado que los recursos provenientes de los peajes se reinvierten en programas de mantenimiento vial, construcción de vías secundarias y proyectos de desarrollo territorial. No obstante, es claro que persiste un profundo malestar social sobre la operación de este sistema.

 

Lo que sí es cierto, es que los peajes en Colombia representan uno de los temas más complejos de la infraestructura vial nacional, su futuro dependerá de encontrar un equilibrio entre la necesaria inversión privada, las demandas de los transportadores, las expectativas comunitarias y la búsqueda de esquemas más transparentes, eficientes y socialmente aceptados.